Ciudad de México · jueves 19 de noviembre de 2026

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AMLA: la nueva autoridad europea contra el lavado de dinero y las empresas mexicanas

El paquete antilavado aprobado por la Unión Europea en 2024 crea una autoridad supervisora y un reglamento único. Sus efectos llegarán a México por una vía indirecta: la diligencia debida que bancos y empresas europeas aplican a sus contrapartes.
Carlos Alea

Jurista

En este texto

En 2024, la Unión Europea aprobó una reforma de fondo a su régimen de prevención del lavado de dinero. El paquete tiene tres piezas principales: un reglamento que crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), con sede en Fráncfort;1 un reglamento que establece reglas uniformes para los sujetos obligados;2 y una directiva que ajusta los mecanismos nacionales de supervisión y las unidades de inteligencia financiera.3

Para una empresa mexicana, nada de esto es directamente obligatorio. Sin embargo, sería un error concluir que no le afecta.

De la directiva al reglamento

Durante años, el derecho europeo antilavado operó mediante directivas que cada Estado miembro trasladaba a su ordenamiento con márgenes propios. El resultado fue un mapa desigual: la misma operación podía exigir documentación distinta según el país del banco europeo que la procesaba. El nuevo reglamento sustituye buena parte de esa diversidad por reglas comunes, directamente aplicables, y la nueva autoridad tendrá facultades de supervisión directa sobre ciertas entidades de mayor riesgo.

La consecuencia práctica es una homologación hacia arriba. Las preguntas que hoy hace un banco particularmente exigente tenderán a convertirse en las preguntas que harán todos.

Cómo llega a México

El canal de transmisión es la diligencia debida. Bancos, aseguradoras, firmas de servicios profesionales y otros sujetos obligados europeos deberán identificar a sus clientes y contrapartes, conocer a sus beneficiarios finales y documentar el origen de los fondos con criterios más uniformes y, previsiblemente, más estrictos. Una empresa mexicana que abre una cuenta en Europa, recibe inversión europea o participa en una operación corporativa con contrapartes europeas encontrará esos requisitos en la mesa de negociación.

México no parte de cero. Desde 2022, el Código Fiscal de la Federación exige a las personas morales obtener, conservar y proporcionar información sobre sus beneficiarios controladores,4 y la legislación antilavado contempla obligaciones de identificación para las actividades vulnerables. La cuestión no es tanto la existencia de reglas como la calidad y consistencia de la información que las empresas son capaces de producir cuando una contraparte extranjera la solicita.

Tres recomendaciones prácticas

  • Mantener un mapa actualizado y documentado de la cadena de control y de los beneficiarios finales, coherente con lo declarado ante las autoridades mexicanas.
  • Preparar un expediente de integridad estándar —estructura corporativa, origen de recursos, políticas de cumplimiento— para responder con rapidez a procesos de conocimiento del cliente.
  • Revisar los contratos con contrapartes europeas para anticipar cláusulas de cumplimiento, auditoría y terminación vinculadas con riesgos de lavado.

La reforma europea es, ante todo, un cambio institucional interno de la Unión. Pero en un sistema financiero interconectado, los estándares de quien supervisa el centro se convierten en condiciones de acceso para quien opera en la periferia.

Nota editorial: borrador de demostración preparado para revisar la plantilla de ATTRITO. Pendiente de revisión y aprobación del autor.

  1. Reglamento (UE) 2024/1620 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. ↩︎
  2. Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Con carácter general, será aplicable a partir del 10 de julio de 2027. ↩︎
  3. Directiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024. ↩︎
  4. Código Fiscal de la Federación, artículos 32-B Ter a 32-B Quinquies. ↩︎

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Carlos Alea

Sobre el autor

Carlos Alea

Jurista. Su trabajo se desarrolla entre el análisis jurídico, la filosofía del Derecho, el análisis institucional y el análisis económico.

Publicación

Derecho, instituciones e incentivos. Comentarios, análisis y ensayos de Carlos Alea.

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