Durante más de dos décadas, la relación jurídica entre México y la Unión Europea ha descansado en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como Acuerdo Global.1 Su modernización, cuyas negociaciones iniciaron en 2016 y concluyeron en enero de 2025, no se limita a reducir aranceles o ampliar el acceso a mercados. Incorpora algo que, hasta ahora, no formaba parte del repertorio habitual de los acuerdos comerciales europeos: un capítulo dedicado a la lucha contra la corrupción.2
La novedad merece atención por dos razones. La primera es simbólica: coloca la integridad pública y privada dentro del núcleo de una relación económica, y no en el terreno, más difuso, de la cooperación. La segunda es analítica: obliga a preguntarse qué puede hacer un tratado comercial frente a un problema que, en buena medida, depende de instituciones internas.
Qué se compromete
De acuerdo con la información publicada por la Comisión Europea, el capítulo recoge compromisos que ya resultan familiares en el derecho internacional anticorrupción: la tipificación del soborno y de otras conductas asociadas, medidas de prevención en el sector privado, reglas sobre registros contables y la protección de quienes denuncian. Ambas partes ya estaban vinculadas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y México lo está además por la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros.
En ese sentido, el capítulo no inventa estándares nuevos. Su aportación consiste en trasladarlos a un instrumento cuya lógica es distinta: la de un acuerdo entre socios comerciales que tienen intereses recíprocos en que las reglas se cumplan.
Un problema de incentivos, no de texto
La experiencia mexicana muestra que la distancia entre la norma anticorrupción y su aplicación rara vez se explica por falta de reglas. El país cuenta con un sistema nacional anticorrupción, con un régimen de responsabilidades administrativas que reconoce las políticas de integridad de las personas morales3 y con un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el proceso penal.4 El desafío ha estado, más bien, en los incentivos de quienes deben investigar, sancionar y prevenir.
Desde esa perspectiva, el valor de un capítulo anticorrupción dentro de un acuerdo comercial depende de una pregunta concreta: ¿quién tiene razones para exigir su cumplimiento y con qué herramientas? Un compromiso que no altera los costos y beneficios de ningún actor relevante tiende a convertirse en declaración.
Un compromiso que no altera los costos y beneficios de ningún actor relevante tiende a convertirse en declaración.
Tres canales posibles
- Seguimiento entre Estados. Los órganos del acuerdo pueden convertir la corrupción en un tema recurrente de la agenda bilateral, con costos reputacionales para la parte que incumple.
- Empresas europeas como exigentes de integridad. Las compañías que compiten en licitaciones mexicanas tienen interés directo en reglas de contratación transparentes y en que sus competidores no obtengan ventajas mediante pagos indebidos.
- Programas de cumplimiento en las empresas mexicanas. La integración en cadenas de valor europeas eleva el estándar que se espera de proveedores y socios, lo que convierte el compliance en una condición de acceso al mercado.
Lo que conviene observar
El capítulo anticorrupción no debe leerse aislado. Su eficacia dependerá de su interacción con otras partes del acuerdo, en particular con las reglas sobre contratación pública y con los mecanismos institucionales de seguimiento. También dependerá de algo menos visible: la disposición de las autoridades de ambas partes a usar el acuerdo como argumento en la agenda interna.
La pregunta abierta, por tanto, no es si México y la Unión Europea están de acuerdo en combatir la corrupción. Lo están desde hace tiempo. Es si este nuevo instrumento cambia lo suficiente los incentivos de quienes, en la práctica, deciden si una regla se cumple.
Nota editorial: borrador de demostración preparado para revisar la plantilla de ATTRITO. Pendiente de revisión y aprobación del autor.
- Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Bruselas el 8 de diciembre de 1997 y en vigor desde el 1 de octubre de 2000. ↩︎
- Comisión Europea, comunicado de prensa sobre la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Global modernizado UE–México, 17 de enero de 2025. ↩︎
- Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 25. ↩︎
- Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 421. ↩︎